Las Termas de la Selva vuelven al centro de la discusión política en Oberá. Esta vez, el debate gira en torno a una propuesta que podría cambiar el futuro del complejo: permitir que capitales privados se hagan cargo de intentar recuperar su funcionamiento y explotar comercialmente las instalaciones.
La iniciativa fue presentada ante el Concejo Deliberante por Pablo Klingbeil, diputado suplente de La Libertad Avanza, quien propone abrir la puerta a la inversión privada mediante un proceso de licitación.
El planteo llega después de un intento de recuperar el pozo termal para el que se habían previsto más de $180 millones en asistencia financiera a través del IPRODHA. Sin embargo, los trabajos no consiguieron restablecer el funcionamiento de la perforación y el complejo continúa sin actividad termal.
El antecedente financiero se convirtió en uno de los puntos centrales de la discusión. Los recursos estaban destinados a intentar recuperar una infraestructura clave para el funcionamiento de las Termas, pero el resultado esperado no se alcanzó.
¿Qué ocurrió durante los trabajos? ¿Cuánto dinero se desembolsó efectivamente? ¿Qué tareas se realizaron y cuáles fueron los resultados técnicos? ¿Existe un informe detallado que explique por qué no pudo recuperarse el pozo?
Son preguntas relevantes para conocer el destino de los recursos públicos y evaluar las alternativas que ahora se ponen sobre la mesa.
La diferencia entre el monto previsto, el dinero efectivamente transferido y los gastos ejecutados también deberá quedar claramente establecida para que la ciudadanía pueda dimensionar el costo de la intervención.
Frente a ese escenario, Klingbeil propone explorar otro camino: convocar a inversores privados que aporten el capital necesario para intentar recuperar la perforación existente o realizar una nueva.
A cambio, el inversor podría obtener el derecho a explotar el complejo bajo un esquema de licitación, cuyas condiciones deberán definirse.
La alternativa abre un debate sobre el futuro de un espacio que involucra recursos, infraestructura y decisiones públicas. Entre los aspectos que deberían conocerse están la duración de una eventual concesión, las obligaciones de inversión, los controles, las tarifas para los usuarios y las condiciones para garantizar el acceso al complejo.
También será importante determinar qué riesgos económicos asumiría el privado y cuáles, si los hubiera, continuarían a cargo del Estado.
Por el momento, es necesario hacer una distinción: la presentación de una iniciativa para incorporar inversión privada y el avance en modificaciones contractuales no significan que el complejo ya haya sido privatizado ni que exista una concesión adjudicada.
El proceso todavía requiere definiciones institucionales y contractuales. La forma en que se instrumente será determinante para conocer el alcance real de la propuesta.
La discusión tampoco se limita a elegir entre una gestión pública o una privada. El punto central es establecer qué alternativa puede garantizar la recuperación del complejo, con qué inversión, bajo qué controles y con qué beneficios para la comunidad.
El futuro de las Termas de la Selva plantea dos cuestiones que deben analizarse en conjunto: el resultado del intento anterior de recuperar el pozo y las condiciones de una posible participación privada.
La comunidad necesita información documentada sobre los recursos previstos, los montos efectivamente ejecutados, los informes técnicos y las razones por las que la perforación no pudo volver a funcionar.
Al mismo tiempo, cualquier propuesta de concesión debería conocerse con suficiente detalle para que los vecinos puedan evaluar sus condiciones y consecuencias.
La pregunta que queda abierta es concreta: ¿cómo se garantizará que las Termas de la Selva vuelvan a funcionar sin perder de vista la transparencia en el uso de los recursos públicos y el interés de los obereños?
El debate recién comienza. Las respuestas deberán surgir de los documentos, los informes técnicos y las decisiones que adopten las autoridades responsables.




